El decreto 606 y su ambivalencia.

 

UNA MIRADA DESDE LA CONSTITUYENTE AL DECRETO 606 DE 2023

por Marco A Cañón B.

¿Es la participación social la columna vertebral del crecimiento y desarrollo del país?

el papel de la participación social como eje de crecimiento nacional desde el marco constitucional, y una evaluación del Decreto 606 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cuanto a su impacto sobre esta participación social y los medios comunitarios.

                                                       Participación social.

1.                              fundamento constitucional y motor de desarrollo

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra la participación ciudadana como uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho. No es una concesión, sino un derecho fundamental y una herramienta de poder democrático. En su artículo 1º, se establece que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. Esta frase no es meramente decorativa: la participación constituye una dimensión estructural del orden institucional colombiano.

El artículo 2º de la Carta Magna profundiza en esta idea al señalar como uno de los fines esenciales del Estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”. Y el artículo 40 garantiza a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Desde esta perspectiva, puede afirmarse con fundamento que la participación social no solo es parte del modelo democrático colombiano, sino que es el mecanismo a través del cual se consolida la gobernabilidad, se legitiman las decisiones públicas y se activa el desarrollo sostenible e inclusivo; “hechos contrarios a este mandato obedecen a dominios inadecuados de los funcionarios o  a abusos de autoridad.

En consecuencia, cualquier política pública o norma que fortalezca la participación está alineada con el modelo constitucional; lo contrario, representa un retroceso democrático.

                                2. Participación social y desarrollo.

El desarrollo de un país no se mide solo en cifras económicas, sino también en calidad institucional, inclusión social, y garantía de derechos. En este sentido, la participación social, entendida como la intervención activa de la ciudadanía en la planeación, ejecución y control de la gestión pública, se convierte en la columna vertebral del desarrollo integral.

La experiencia muestra que cuando los ciudadanos participan efectivamente:

Se mejoran las políticas públicas porque recogen necesidades reales;

Se incrementa la transparencia y el control social sobre los recursos;

Se promueve la corresponsabilidad entre Estado y sociedad;

Se generan procesos de empoderamiento local y autonomía comunitaria.

Así, la participación fortalece tanto la cohesión social como la eficiencia institucional, y con ello impulsa el crecimiento con justicia social.

                                    3. ¿Qué propone el Decreto 606 de 2023?

El Decreto 606 de 2023, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, reglamenta la operación de los medios comunitarios y alternativos en el Distrito Capital, particularmente en su relación con las entidades públicas locales, incluyendo los procesos de comunicación pública y participación en convocatorias, contratación y rendición de cuentas.

                                      Entre sus aspectos clave se destacan:

Define criterios técnicos y administrativos para la vinculación de medios comunitarios en estrategias institucionales.

Formaliza procesos de selección y contratación con enfoque diferencial y de transparencia.

Reconoce la función social de estos medios como actores de comunicación para la participación ciudadana.

                            4. ¿Fortalece o debilita la participación social?

El impacto del Decreto 606 sobre la participación social es ambivalente y depende de su implementación. En términos generales, tiene potencial para fortalecerla, pero también hay alertas importantes:

Fortalezas:

Reconocimiento institucional: Eleva el estatus de los medios comunitarios como actores legítimos de la política pública de participación y comunicación.

Reglas claras: Establece procedimientos que pueden democratizar el acceso a recursos públicos, evitando clientelismos.

Articulación territorial. Permite que los medios comunitarios participen en la planeación y difusión de acciones institucionales a nivel local.

Debilidades o riesgos:

Exceso de formalismo. Si las exigencias técnicas o administrativas superan la capacidad real de los medios alternativos, se puede excluir a muchos actores legítimos y con arraigo comunitario.

Centralización indirecta. Aunque promueve la descentralización, podría favorecer a organizaciones mejor estructuradas o cercanas al poder local, debilitando la diversidad de voces.

Falta de garantías para el control social. Si no se prevén mecanismos efectivos para evaluar el impacto de los medios en la comunidad, se corre el riesgo de convertir esta política en una herramienta de cooptación, más que en una plataforma de participación autónoma.

                                                     5.EN RESUMEN.

 Sí, la participación social es la columna vertebral del desarrollo y del crecimiento de un país. No solo es mandato constitucional, sino un principio democrático esencial. Cualquier política pública, como el Decreto 606 de 2023, debe ser evaluada a la luz de su capacidad real para fortalecer esa participación.

El Decreto 606 representa una oportunidad normativa positiva, pero solo si su implementación garantiza inclusión, respeto a la autonomía comunitaria y enfoque diferencial. De lo contrario, corre el riesgo de burocratizar y debilitar la participación desde abajo.

El desafío está en acompañar esta norma con formación, simplificación de procesos y garantías reales de pluralismo, asegurando que los medios comunitarios no sean solo instrumentos del poder institucional, sino voceros legítimos de las comunidades que representan.

                                     Periodismo comunitario y alternativo

“Sembradores del Porvenir”

Somos voz de barrio, palabra de esquina,
el eco de los pueblos que caminan.
No hay nación sin su gente despierta,
ni progreso sin la puerta abierta.

Cuando el pueblo se sienta en la mesa,
y su palabra pesa y no tropieza,
se siembra justicia en la vereda,
y florece la patria que se espera.

No somos relleno en las decisiones,
somos semilla en las construcciones.
De manos firmes, de paso leal,
la participación… es columna vertebral.

Sin comunidad, no hay rumbo cierto.
Sin escucha, el futuro queda incierto.
Pero con voces que eligen y construyen,
los países se elevan y fluyen.

Participar no es sólo derecho,
es deber, es fuego en el pecho.
Es amar la tierra con razón y pasión,
y ser parte viva de su transformación.

 

Participación Social, Columna Vertebral del Desarrollo Nacional

En toda sociedad democrática y en construcción de paz, la participación social no es una opción secundaria; es el núcleo que da sentido, legitimidad y dirección al desarrollo nacional. En Colombia, un país de múltiples voces, territorios diversos y profundas desigualdades históricas, la participación social se convierte en una herramienta transformadora, garante de justicia, inclusión y sostenibilidad.

La participación social implica que las comunidades —rurales, urbanas, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, entre muchas otras— tengan la posibilidad real de incidir en las decisiones que afectan sus vidas. Es un proceso que va más allá de asistir a reuniones o votar cada cierto tiempo; se trata de construir ciudadanía activa, crítica y propositiva. Involucra informar, dialogar, proponer y exigir rendición de cuentas.

En este sentido, la participación no debe entenderse únicamente como un mecanismo político; es también una forma de salud comunitaria. Cuando las personas se organizan, conocen sus derechos y se vinculan a espacios de deliberación colectiva, se fortalece el tejido social, se previenen conflictos, se promueve el bienestar emocional y se dignifica la vida en comunidad.

Desde las juntas de acción comunal hasta las veedurías ciudadanas, pasando por los cabildos abiertos, presupuestos participativos y consejos locales, los mecanismos de participación son instrumentos poderosos para equilibrar la balanza del poder. No se trata de romantizar la participación, sino de reconocerla como columna vertebral de cualquier modelo de desarrollo sostenible, con justicia social y equidad territorial.

Hoy, más que nunca, en el siglo XXI, necesitamos una participación renovada, digital e incluyente. Los medios comunitarios, las redes sociales bien orientadas, las plataformas de deliberación ciudadana y las tecnologías cívicas deben ser aprovechadas para amplificar las voces populares y construir políticas desde abajo, con visión de país y responsabilidad colectiva.

La invitación es clara; que cada colombiano y colombiana sea más que espectador de la historia; que se convierta en autor de cambio, en protagonista de su barrio, de su vereda, de su nación. Porque sin participación, no hay democracia viva. Y sin democracia, no hay salud, ni educación, ni desarrollo que se sostenga.

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